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Un grupo de presos de unidades penales del Complejo Penitenciario bonaerense de San Martín, construye su propia escuela de oficios para desarrollar iniciativas productivas que les sirvan como elemento para reinsertarse en la sociedad una vez que cumplan su pena, en una iniciativa que desarrollan junto a docentes, estudiantes y extensionistas de las universidades de Buenos Aires (UBA) y de San Martín (UnSam).

En la Escuela de Oficios del Complejo San Martín, ubicado en el partido homónimo, trabajan internos de las unidades 46, 47 y 48 que gozan de un sistema de régimen abierto, es decir que están próximos a cumplir su condena, por lo que esta iniciativa tiende a facilitar su reinserción al desarrollar un emprendimiento que puedan continuar cuando salgan de la cárcel.

Junto a los internos trabajan la facultad de Agronomía de la UBA, la Universidad de San Martín y los Ministerios de Trabajo y de Ciencia y Tecnología, entre otras instituciones, que aportan los conocimientos técnicos para que las personas que están privadas de su libertad construyan esta Escuela, en donde potencian las habilidades que ya tienen como electricidad, carpintería o plomería.

La iniciativa incluye la posibilidad de que las familias de los internos puedan comercializar los productos que se elaboren “de un modo similar al que trabajan actualmente en la FAUBA desde proyecto de extensión “Reverdecer: jardinería en contexto de encierro”, informó sitio Sobre la Tierra de esa unidad académica.

Marta Bunge, docente de la cátedra de Jardinería y coordinadora de Reverdecer, aseguró que este proyecto “beneficia a los internos que tienen una modalidad más abierta, a partir de la cual permanecen dentro del complejo penitenciario pero fuera del muro”.

Precisó que la construcción de la escuela de oficios “apuesta a convertirse en un espacio que ayude a superar algunas problemáticas actuales” de las cárceles y aseguró: “Es necesario generar un espacio neutro que no esté atravesado por el poder interno que circula dentro de estos ámbitos”.

Martina Pedocchi, coordinadora del Centro Universitario de la UNSAM (CUSAM), situado en la Unidad Penal 48, donde asisten detenidos y personal del servicio penitenciario, destacó que este proyecto va a colaborar “para ampliar y nuclear las actividades que ya se realizan en las casitas (como llaman a las viviendas que habitan las personas integradas en el régimen abierto), así como en la la huerta o la cría de faisanes, que es asistida por el INTA”.

“Hay muchos conocimientos aislados en los internos, desde carpintería hasta electricidad. Es importante aunar ese saber para que interactúe, no solo entre la universidad y los internos, sino también entre los mismos internos. Queremos generar una escuela que tenga autonomía universitaria en relación con el servicio penitenciario pero que también pueda conversar con ellos”, dijo Pedocchi.

Bunge, quien también es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la FAUBA, apuntó que los estudiantes universitarios “diseñaron los planos de una casa universitaria, diversas herramientas de utilidad y hasta productos para los emprendimientos”,

La Asociación Civil Nuevo Concepto Penal y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU) también se sumaron al proyecto

“Tenemos en cuenta qué formación les estaría haciendo falta y pensamos cómo podemos colaborar con ellos en la inclusión, en el nexo entre el adentro y el afuera”, resaltó Bettina Minichello, arquitecta que coordinará la construcción del centro productivo.

Pedocchi apuntó que “cambiar las condiciones de vida en el penal es una decisión política, que podemos mejorar con la educación dentro y fuera de la cárcel” y puso el ejemplo de internos que pasaron por la carrera de Sociología y que han salido a sus barrios y armado otras organizaciones, como una biblioteca popular, merenderos o centros culturales y deportivos.

“Nos interesa poder visibilizar qué hacemos con las personas que de alguna manera no cumplieron con un pacto social impuesto. Qué pasó para que lleguen ahí y qué hacemos con ellos”, afirmó Bunge.

Por su parte, Minichello resaltó que cualquier profesión puede y debería cumplir una función social: “Es clave enfocarse en los sectores de mayor marginación, donde nadie se quiere meter. Nadie piensa que se puede recuperar lo que está ahí”.

La reinserción social de los presos a partir de emprendimientos productivos busca ser reinstalada por el Ministerio de Justicia bonaerense que trazó un panorama muy complejo que halló al asumir su gestión.

En un informe, la cartera bonaerense destacó que a principios de año “funcionaban 28 panaderías pero en todas ellas había falta de mantenimiento con maquinarias fuera de servicio o con una precariedad avanzada, mientras que 15 talleres textiles se encontraban cerrados, al igual que la fábrica de fideos de la Unida de Penal de Lisandro Olmos o la de bloques de cemento en la cárcel de Gorina”.

También reseñó que sólo 14 talleres de chapa y pintura funcionaban sobre 51 existentes, de un total 23 talleres de carpintería había seis activos y de 24 talleres de herrería sólo 3 funcionaban, al tiempo que había 17 lavaderos de autos paralizados.

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