| Litio: ¿cómo afecta al medio ambiente y a las comunidades originarias? |
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Mientras las autoridades nacionales impulsar su desarrollo y en el país avanzan más de 40 proyectos, poco se habla de las consecuencias que podría traer para el agua y las poblaciones locales.
La explotación de litio en Argentina genera grandes expectativas económicas. Este elemento es fundamental para la fabricación de todo tipo de baterías y el país cuenta con una de las mayores reservas a nivel mundial. Pero, como suele ocurrir con toda actividad extractiva, las consecuencias ambientales pueden ser enormes.
“Los medios de comunicación destacan las oportunidades que se presentan para la Argentina a partir de la extracción y la exportación del litio, así como de la producción de baterías para artículos electrónicos o movilidad eléctrica. Llegaron a referirse a nuestro país como la Arabia Saudita del litio ¿La idea es posicionarnos como exportadores o generar algún tipo de valor agregado mediante la producción de baterías acá?”, se preguntó la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).
La explotación de litio, al igual que la megaminería metalífera (oro, cobre, plata, plomo, entre otros), la agricultura industrial o la deforestación, implica un sobreconsumo de agua y un gran uso de químicos contaminantes. Este tipo de proyectos implica, además, un riesgo para los territorios en donde viven comunidades originarias, como viene ocurriendo en el noroeste del país.
“La llegada de empresas que empiezan a competir por el agua genera una gran preocupación sobre cómo van a seguir con sus modos de vida tradicionales”, dijo Marchegiani.
En el caso de los salares de la Puna, por ejemplo, la extracción de litio contamina el limitado acceso al agua que –por cuestiones climáticas– ya tienen los diferentes pueblos ancestrales de la región, cuyas principales actividades son la agricultura y la ganadería.
“Muchas comunidades se oponen a estos proyectos mineros y demandan ser consultadas, pero cuesta que las autoridades las reconozcan como actores involucrados, pese a que son los dueños ancestrales del territorio”, sostuvo la abogada.
Frente a la llegada de inversiones, los funcionarios promueven el desarrollo minero, desconociendo la situación en la que dejan inmersas a las comunidades. De acuerdo a Marchegiani, “hay un choque cultural, de entendimientos y de perspectivas que una consulta previa debería poder articular para que el proceso de evaluación no sea una mera formalidad con una lógica estatal, administrativa y burocrática. Además, estos procesos deberían respetar las decisiones de las comunidades que no desean poner en riesgo sus formas de vida y rechazan la extracción en sus territorios”.
Una industria peligrosa
En casi todo el mundo, el litio está considerado el mineral del futuro por la importancia que representa para los dispositivos móviles. En Argentina existe un claro interés por fabricar baterías en el país, pero los impactos ambientales que esta industria genera no están en la agenda.
“En el caso de Bolivia, el Gobierno buscó centralizar en el Estado la posibilidad de hacer baterías de celulares y hoy está en condiciones de avanzar en una etapa piloto. Nuestro país aún parece más abierto a los capitales extranjeros que llegan a extraer el litio”.
Actualmente, según informes del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, existen 42 proyectos en diferentes etapas de desarrollo que se reparten entre las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Todos financiados por capitales provenientes de Estados Unidos, Canadá, Australia, China y Chile.
“En algunos salares se está planeando realizar tres o cuatro proyectos en el mismo lugar, con distintos usos del agua, sin saber cómo funcionan esos ecosistemas. No existe suficiente información de base disponible para evaluar los impactos de los proyectos y, sobre todo, de la combinación que pueda resultar de ellos”, alertó Marchegiani.
Cada salar posee características particulares, los impactos pueden variar según las condiciones geológicas y climáticas de cada uno de ellos. “Es fundamental convocar a la comunidad científica para que analice seriamente estos temas”, explicó.
En este sentido, la abogada resaltó que esta información puede no ser imparcial. “El organismo que controla el proceso de evaluación de impacto ambiental no debería ser la misma autoridad que promueve ese desarrollo minero. Esa información debería ser generada por el Estado y estar en su poder”, afirmó.
Durante la charla, por último, indicó que “como sociedad, tanto en la Argentina como en toda la región, tendríamos que decidir qué queremos en relación al litio” y propuso analizar los ejemplos en algunos de los países limítrofes.
“El caso de Bolivia es muy interesante en términos de desarrollo tecnológico, pero habría que analizar qué sucedió en lo social. Chile, posicionado como el principal productor y exportador de carbonato de litio, empezó la explotación hace unos 20 años y ahora, después de tanto tiempo, están revisando los impactos en el ambiente”, finalizó.
Fuente: Foro Ambiental |
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