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Fuente: Sebastián M. Tamashiro, Sobre La Tierra (SLT/FAUBA)

Casi la mitad de la producción agropecuaria nacional se realiza en campos que se alquilan a corto plazo. Esto puede dar lugar a manejos que provocan daños irreversibles a los recursos naturales. Señalan la necesidad de modificar esta norma.

En la Argentina se cultivan más de 35 millones de hectáreas. Casi la mitad de la producción agropecuaria se realiza en tierras que se arriendan, es decir que se alquilan. Muchas, sólo por una o dos campañas. Un estudio advirtió que la ley que regula estas operaciones es obsoleta y deja vía libre para realizar prácticas agronómicas que generan grandes beneficios económicos, pero que degradan los campos. Además, señaló que la ley de arrendamiento rural vigente no considera a la tierra como un recurso natural que puede perder capacidad productiva ni contempla los derechos ambientales de la comunidad.

En un contexto nacional en el que la superficie cultivada sigue creciendo, también aumenta la preocupación por los impactos negativos de la producción agropecuaria sobre el ambiente y las poblaciones rurales y urbanas. Dentro de este marco, surge la pregunta: ¿Quién decide qué se siembra y cómo se trabaja la tierra?

“Aproximadamente la mitad de las tierras se producen bajo arrendamiento. La ley que regula este contrato facilita el acceso a los que quieren explotarla —arrendatarios—, pero no exige un cuidado especial de la tierra como recurso natural que se degrada, ni reconoce el derecho de la comunidad de disponer de un ambiente saludable”, resaltó Rafael Mallo, quien estudió este tema para su tesis de maestría en Agronegocios en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA (EPG/FAUBA).

“La ley habilita a que la búsqueda de la mayor renta en el menor tiempo posible se lleve adelante sin limitar prácticas no sustentables. La Ley 13.246 de Arrendamientos Rurales y Aparcerías, promulgada en 1948 y luego modificada por el Decreto Ley 2.188, de 1957, y por la Ley 22.298 en 1980, debería regular la materia ambiental en los estos contratos. Sin embargo, es una ley que no se conoce ni se respeta y que tiene alcances muy limitados”, señaló Mallo, quien es abogado recibido de la Universidad Nacional de La Plata.

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En este sentido, agregó: “Cuando se pensó la ley, los grandes propietarios de tierras imponían condiciones abusivas a las personas que querían trabajarla. Hoy en día, es al revés. Las propiedades cada vez son más chicas —por ejemplo, por división de las herencias— y muchos dueños ni siquiera viven en allí. Ante el gran desconocimiento y grado de informalidad en los arrendamientos, los propietarios tienen menos decisión sobre el suelo”.

“Hay que contextualizar el contenido de la ley y entender que el gran eje de cambio viene por el lado de los recursos naturales y del medio ambiente. ¿Vamos a seguir tratando a la tierra como el Código Civil de 1869 o vamos a entender su gran importancia como recurso natural?”.

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