| Aportes académicos al debate para modificar la Ley de Semillas |
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La actual Ley Nro. 20.247 —conocida como ‘Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas’— se promulgó en 1973. Hoy existen propuestas para modificarla, argumentando su desactualización y la necesidad de promover nuevos desarrollos por parte de las compañías semilleras.
El proyecto para modificarla ya cuenta con un dictamen de comisión de mayoría en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
A fin de brindar diferentes visiones desde el ámbito académico, la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) organizó la jornada Ley de Semillas: Aportes para un Debate Institucional.
En ella, un grupo de docentes y profesionales debatieron, con distintos enfoques, sobre la importancia y las posibles consecuencias de cambiar la legislación vigente. La que sigue es una sucinta síntesis de lo allí expresado.
Mejoramiento participativo y soberanía
Para Gustavo Schrauf, profesor titular de la cátedra de Genética de la Fauba, es fundamental conocer cómo son y quiénes controlan los mercados de semillas.
Schrauf
Para Schrauf, las universidades, y en particular la Fauba, pueden ser actores clave en el desarrollo de actividades de mejoramiento participativo.
“La semilla es el insumo básico de la cadena alimentaria y condiciona cómo se producen los alimentos. Por eso, las empresas de agroquímicos compraron casi todas las semilleras en el mundo: Bayer compró a Monsanto, Dow y Dupont se fusionaron y ChemChina adquirió a Syngenta y a la empresa argentina Nidera. Solo estos tres grupos empresarios concentran cerca del 60% de las ventas globales de semillas y del 70% de los agroquímicos”.
“Esto hace que el productor esté muy condicionado en su forma de producir. Al comprar las semillas también adquiere los agroquímicos para que los cultivos expresen su potencial. La tendencia al monopolio es muy fuerte, y si dejamos en sus manos el desarrollo de semillas, perdemos soberanía y poder de decisión”, dijo, y agregó que quitarle al productor el derecho al uso propio de las semillas puede profundizar la monopolización.
Los costos de no invertir en tecnología
Por su parte Fernando Vilella, director del Programa de Bioeconomía de la Facultad, dijo que “en la Argentina, la normativa que rige para las semillas ya tiene varias décadas. No se han recogido las innovaciones tecnológicas desarrolladas en los últimos años y eso ha tenido un costo importante tanto en productividad como en divisas.
Ley de Semillas Vilella
“Hoy en día, Brasil, Paraguay y Uruguay están mejor que nosotros, ya que sus productores asumieron el costo de la semilla mejorada como el camino para producir más” , dijo Vilella.
“Por ejemplo, hoy, por no haber incorporado esas tecnologías, los rindes argentinos en maíz y trigo pasaron a estar debajo de los de EE.UU., habiendo sido superiores o semejantes. Cuando uno valoriza eso, significaría una pérdida para el país de 50 mil millones de dólares por el maíz más 19 mil millones por el trigo”, explicó.
Uso propio de la semilla, un punto clave a resguardar
Sobre este capítulo, Javier Rodríguez, director de la Licenciatura en Economía Política de la Universidad Nacional de Lanús, dijo que “me llama mucho la atención que cuando se debate el uso propio no se discute el mercado monopólico, ya que, de hecho, está muy concentrado en pocas empresas agroquímicas”.
Rodríguez
Según Javier Rodríguez, el debate debería centrarse en la conformación del mercado de semillas, ya que hoy está altamente concentrado en pocas empresas y es fundamental evitar situaciones monopólicas.
Rodríguez reconoció que el país está dejando de obtener ingresos por no pagar los avances tecnológicos. “Es así. No obstante, quiero destacar que la Ley vigente es perfectamente compatible con las normas internacionales. En todo caso, lo que se debe analizar son los incentivos económicos para que esas empresas traigan un determinado evento al país”.
Debatir la propiedad intelectual
“La Ley 20.247 abarca dos cosas que no tienen casi nada que ver entre sí: lo relativo al comercio de semillas y lo referido a la propiedad intelectual de la creación de nuevas variedades vegetales”, puntualizó Miguel Rapela, director de Vinculación del Centro Integrado de Genómica y Mejoramiento de Ubatec y director ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.
“En el resto de la jurisprudencia argentina, estos temas están separados, pero esta Ley los junta. Al examinar los 11 proyectos presentados al Congreso, no se ven diferencias en nuevas ideas sobre la comercialización de semillas. El punto urticante está en la parte de la propiedad intelectual”.
Rapela
Rapela: “Con 46 años, la Ley actual está desactualizada no solo en términos de genética y biología, sino también en cuestiones de propiedad intelectual. Hay que redefinir qué es ser un obtentor y qué significa una variedad vegetal”
Según Rapela, el punto central de la discusión sobre la modificación de la Ley vigente es cómo manejar el uso propio de la semilla. Poder guardar semillas de una campaña a otra está permitido casi en todo el mundo, con regulaciones para no afectar a quienes obtuvieron la variedad inicial. Este control no existe en la Argentina.
En consecuencia, los mejoradores de especies autógamas —o sea, que se pueden conservar luego de producidas—, tanto de la faz pública como de la privada, se ven perjudicados al no obtener un retorno por lo que invirtieron en su trabajo.
Lograr una Ley de orden público
“Considero que el debate debe abarcar mucho más allá que un mero cambio legal. No estamos discutiendo cuestiones vinculadas con la agronomía y con el derecho, sino con nuestro modelo agrario, nuestro modelo alimentario y, por lo tanto, el proyecto de país”, enfatizó Tamara Perelmuter, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Perelmuter
Perelmuter: “Las semillas son el primer eslabón de cualquier cadena agroalimentaria, por lo que representan una importantísima fuente de poder. Quien las controla, domina la cadena productiva y la disponibilidad de alimentos”.
“¿Qué dice este proyecto del oficialismo que hoy discutimos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que es un dictamen que no modifica la Ley entera, sino algunos puntos. En primer lugar, se refuerza el poder de policía del Inase —Instituto Nacional de Semillas—. Lo que se desprende de este artículo es que el Estado será quien ejecute los intereses de las empresas ante una eventual vulnerabilidad de sus derechos de propiedad intelectual”, aclaró Perelmuter.
Asimismo, la docente destacó que el segundo punto en debate, y probablemente el más importante, se refiere al uso propio de las semillas. “El uso propio dejaría de ser libre y gratuito, como contempla nuestra Ley actual en su artículo 27 —que lo considera un derecho de los agricultores—, para pasar a ser una mera excepción de un derecho que tendrán otros, los obtentores. Este es un cambio radical en la concepción de esta práctica histórica de los productores agrícolas”.
Contradicciones
Según la docente, el tercer punto a ser modificado es el relacionado con el carácter de orden público de la normativa. “La actual Ley de Semillas no es de orden público, lo que significa que no puede haber disposiciones por fuera de la Ley. Este hecho permitió la existencia de los contratos bilaterales que le habilitan a las empresas multinacionales a cobrar regalías extendidas por la soja intacta. Por eso, numerosas organizaciones de productores, incluso sojeros, están pidiendo que la futura Ley sea de orden público para que no haya contratos leoninos por fuera”.
“Sin embargo, el dictamen aprobado en Diputados solo logró que algunos artículos sean de orden público, y no es el caso del artículo 27, justamente el del uso propio. Esto significa que aun con todas las limitaciones que tienen las excepciones vinculadas a los indígenas, a los productores familiares y a las micro/pymes, podría haber disposiciones que contradigan a esas mismas excepciones”, concluyó Perelmuter. (Fuente: SLT/FAUBA) |
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