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La fruticultura es clave para las economías regionales. Gran parte de su producción se vende al exterior, donde cada vez exigen más calidad. Actores del sector revelaron que para exportar deben producir alimentos inocuos y cuidar el ambiente y la salud de sus empleados.

Por: Sebastián M. Tamashiro

La fruticultura es una actividad fundamental para numerosas economías regionales de la Argentina. Hoy, las explotaciones frutícolas deben adecuar sus sistemas productivos a las crecientes exigencias internacionales, ya que una parte significativa de su producción se destina al mercado externo. Tales exigencias, ¿Limitan o estimulan la actividad? Un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizó los requisitos de calidad que demandan los compradores externos a nuestros fruticultores. Los resultados mostraron que los mercados externos exigen producir alimentos inocuos, cuidar el ambiente y asegurar la salud de los trabajadores en todas las etapas del proceso. ¿Cómo se adecuan los productores?

“Las economías de muchas regiones del país dependen del sector frutícola. Por ejemplo, la producción de peras y manzanas en el Valle de Río Negro, o la de limones en Tucumán. El objetivo central de estas actividades suele ser alcanzar el mercado externo. Entonces, deben responder a las normas de calidad que se les pide. Para conocer las principales demandas internacionales sobre el sector frutícola, en mi trabajo de tesis relevé productores, asesores técnicos, cámaras y asociaciones de productores de frutas de exportación de distintas partes de la Argentina”, explicó Enrique Kurincic, docente de la cátedra de Administración Rural de la FAUBA y Especialista en Agronegocios y Alimentos en la Escuela para Graduados de esa Facultad.

Enrique resaltó que los requisitos para comercializar alimentos aumentaron en los últimos años, y señaló los puntos relevantes. “La exigencia principal hacia las producciones frutihortícolas es que comprueben la inocuidad de los alimentos, tanto en el proceso de producción en el campo como luego, al manipularlos e industrializarlos. También se demanda demostrar responsabilidad social, que incluye desde asegurar el registro formal de los empleados, cumplir con los salarios adecuados a sus labores hasta condicionar la seguridad en la producción. Y otras exigencias que están surgiendo tienen que ver con el comercio ético y el cuidado del ambiente”.

Kurincic expresó que estos requerimientos se plasmaron en normas y certificaciones internacionales de calidad como GLOBALG.A.P., que certifica buenas prácticas agrícolas en la producción; HACCP, que es una prueba de inocuidad en los procesos de manipulación, y GRASP, un esquema integrado al GLOBALG.A.P., que evalúa la responsabilidad social en producción primaria. Enrique también indagó de qué manera los productores argentinos están implementando estas normativas de calidad.
Los productores, ¿Pudieron ajustarse?

“Las demandas externas de calidad comenzaron en la década del ‘90. Fundamentalmente, se basaban en disminuir el uso de agroquímicos y aplicar ciertas prácticas de inocuidad, en el marco de los protocolos de Producción Integrada del INTA. Una buena cantidad productores se adecuó y, si bien las exigencias cambiaron con el tiempo, aquellos que las venían siguiendo lograron acomodarse”, dijo el investigador.

Y agregó: “Quienes quisieron alcanzar al mercado de exportación sin experiencia tuvieron más dificultades; en parte, porque para acceder a las certificaciones se necesita modificar la gestión de las producciones, por ejemplo, mantener un registro sistematizado de sus actividades y capacitar al personal. Es esencial poder cambiar los hábitos”.

Enrique, quien también es Gerente de Certificaciones Agroalimentarias del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), investigó las trabas que encontraban los productores para cumplir las normativas externas y enfatizó en que una de las principales limitantes es la falta de costumbre en registrar las actividades de la explotación frutícola. El docente de la FAUBA contó que los emprendimientos que cumplieron los requisitos de certificación solicitado por el mercado internacional lo lograron, en la mayoría de los casos, sin una inversión monetaria significativa.
Producir mejor, el sentido común

Kurincic destacó que aquellos productores que comenzaron a registrar sus actividades lograron acceder a las certificaciones y mejoraron de forma sustancial el control y la gestión de sus procesos y, con ello, sus resultados económicos y operativos. “Pudieron hacerlo porque disponían de mayor información, y más ordenada, sobre sus dinámicas productivas”.

“Cumplir con las normas de calidad mejora aspectos alimentarios, humanos y ambientales. La mayoría de los requerimientos externos son cuestiones de sentido común. Se exige producir alimentos inocuos, cuidar el ambiente y proteger a los trabajadores”, afirmó, y cerró: “Entiendo que algunas personas consideran que estas demandas representan ‘barreras’ al comercio. Por mi parte, creo que al atenderlas se abren posibilidades para enriquecer los sistemas productivos, incluso para el mercado interno y sus consumidores”.

ECONOMÍAS REGIONALES FAUBA frutas INTA
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