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A ocho años de su sanción, un estudio de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) se propuso analizar el grado de cumplimiento que tiene la Ley 27.279, que establece los presupuestos mínimos para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, entiendo que estos pueden ser perjudiciales para la salud y el ambiente en caso de no ser manipulados conforme lo estipula la normativa. La conclusión, por desgracia, mostró una adhesión “a medias”.

El trabajo, que fue difundido por la agencia Sobre La Tierra, tomó como caso testigo al partido de Pergamino, en plena zona agrícola de Buenos Aires, y se focalizó en la gestión de envases vacíos de agroquímicos en Maguire, Fontezuela y Juan Anchorena, a través de la mirada de los actores involucrados en el tema.

“La Ley 27.279 propone un marco para gestionar de forma diferenciada los envases de agroquímicos, ya que reconoce la peligrosidad del producto que contienen. La normativa establece que las empresas que colocan el producto en el mercado tienen la responsabilidad de financiar y adherirse al sistema de gestión especial. Además, clarifica las responsabilidades del resto de los actores vinculados a los agroquímicos”, explicó Sofía Bayley, reciente egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA.

“Una vez que se vacía el bidón de 20 litros en la pulverizadora, hay que hacer un triple lavado con agua limpia a presión y usar elementos de protección. El agua del lavado se debe tirar también en la pulverizadora. El envase enjuagado se puede almacenar en el campo hasta un año bajo techo. Finalmente, el productor tiene que transportarlo en cualquier vehículo hacia el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) más cercano. En esos lugares se clasifican para reinsertarse en la industria o para incinerarse en condiciones controladas”, añadió la licenciada.

A través de más de 20 entrevistas en territorio, se analizó la aplicación de la ley entre productores, aplicadores, contratistas y comerciales, así como su fomento de la mano de profesionales de INTA, universidades, trabajadores de la municipalidad y hasta grupos ambientalistas.

“En términos generales, el cumplimiento del marco legal es parcial. Hay aspectos que se están haciendo bien y otros que no. En cuanto a lo positivo, el sistema de gestión funciona. Hoy hay más de 30 CAT en la provincia que cada vez recuperan más plástico. En Pergamino hay uno y se están abriendo más nodos logísticos que reciben envases y facilitan el transporte posterior a los CAT. Las empresas están financiando este sistema y se les cobran multas cuando no lo hacen”, indicó Bayley.

Sin embargo, el trabajo mostró que todavía se realizan prácticas inadecuadas con los envases, como quemarlos, enterrarlos, abandonarlos en el campo o incluso comercializarlos de manera informal.

“También se los usa para almacenar nafta o para darle de comer a los animales. El triple lavado no siempre se hace bien, ya sea por desconocimiento o por la falta de agua limpia”, indentificó la licenciada.

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