| Wichis se capacitan en tecnología satelital para controlar desmontes |
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‘No estamos ayudando a que las comunidades solucionen un problema reciente, sino uno que tiene una historia de 500 años de postergación’, afirmó José Paruelo, director de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la FAUBA.
Esos desmontes están prohibidos por la Ley de Bosques desde 2008, en resguardo de regiones como el Chaco Semiárido, que también involucra a las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde se concentra el 90 por ciento de la deforestación total del país.
El objetivo es realizar un seguimiento y mapeo de los desmontes e incendios en conjunto con los pueblos originarios afectados, a través de tecnología y herramientas informáticas, señaló Paruelo.
Esa información permitiría realizar acciones concretas en defensa del patrimonio natural y cultural de un grupo social vulnerable.
Los desmontes y sus consecuencias son un problema grave, y las imágenes satelitales ayudan a describirlo y entenderlo.
Veinte estudiantes de grado y posgrado, que además de Ciencias Ambientales abarcan a la carrera de Agronomía y a otras facultades de la UBA, trabajan en el proyecto.
El grupo comenzó sus actividades hace tres años, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación prohibió los desmontes en los departamentos salteños de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, a raíz de una presentación de sus pobladores.
Estos denunciaron entonces que en la zona se estaban registrando las tasas de desmontes más altas de la historia argentina, en momentos previos a la sanción de la Ley de Bosques.
Salta ha perdido el 25 por ciento de sus bosques nativos existentes en los ´70, corridos por la expansión agrícola y afectando a pueblos originarios y criollos.
El equipo de la FAUBA desarrolló un estudio sobre los lineamientos básicos que debe tener una evaluación de impacto ambiental acumulativo de la tala y el desmonte.
En esta segunda etapa, concentró el objetivo de trabajo en la realización de un sistema de monitoreo que detecte los desmontes en tiempo real, y que pueda ser gestionado por las comunidades afectadas. |
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